Trasladan a implicados del caso Odebrecht a la Suprema Corte de Justicia

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PERIODICO HOY
Publicado el: 7 junio, 2017
e-mail:melissacorrearincon@gmail.co
Con un gran contingente policial fueron nuevamente trasladados los imputados acusados de recibir soborno en el caso Odebrecht desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde se conocerá el fallo sobre la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.
El juez Francisco Ortega Polanco continuará a las 4:00 PM de esta tarde conociendo la solicitud de 18 meses de prisión, como medida de coerción contra los acusados.
La audiencia se conocerá en la sexta planta del edificio de la SCJ, donde funciona la Cámara Penal.
El grupo de imputados está integrado por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) 2000-2004, Roberto Rodríguez Hérnández.
También el empresario Ángel Rondón, el ingeniero mecánico electricista Máximo D´Oleo, el abogado Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos, expresidente de la Comisión de Energía del PRD. Este último se encuentra en Panamá, y su orden de arresto fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).


Colegio de Abogados demanda acciones urgentes ante caso Odebrecht


Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Foto de Archivo.
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Foto de Archivo.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana, ante la consternación generada por los casos sonados de corrupción administrativa, muy especialmente el caso Odebrecht, demanda de acciones urgentes de todos los sectores para erradicar ese flagelo.
Miguel Surun, presidente del gremio, informó que más que un problema de un sector en particular, es de carácter sistémico que amerita la participación de todos, por lo que es necesario y urgente avocarse a un gran acuerdo nacional contra la corrupción e impunidad que incluya a todas la fuerzas vivas de nuestros país, especialmente partidos políticos, sociedad civil, organizaciones sociales, empresariales y religiosas, a convenir un acuerdo nacional contra la corrupción e impunidad.
Dicho acuerdo debe incluir la restructuración de todo el entramado de financiamiento político en nuestro país, incluyendo la limitación en los tiempos e inversión en las campañas de políticas; Creación de un órgano adscrito a la Junta Central Electoral encargado de fiscalizar el financiamiento de actividades políticas, el origen y límite de dichos financiamientos, así como la duración de las campañas electorales.
También creación del Fiscal Electoral encargado de perseguir los delitos electorales generados por violaciones a dicha ley; Garantizar la existencia de un régimen de consecuencias para los corruptos, lo cual solo puede lograrse con un sistema de justicia conformado por Jueces y fiscales con verdadera independencia funcional y administrativa aprobando las garantías laborales que los protejan contra represalias por las decisiones que tomen por los casos de que son apoderados.
En el acuerdo nacional contra la corrupción e impunidad asimismo debe establecer la asignación del 4.1% del presupuesto para jueces y fiscales de conformidad con la Ley de Autonomía Presupuestaria; el fortalecimiento de la Cámara de Cuentas asignándoles los recursos necesarios para fiscalizar, auditar de manera eficiente el manejo de los fondos públicos; así como la restructuración de todo el sistema de compras y contrataciones públicas, estableciendo un régimen rigoroso de fiscalización y penas de cárcel para aquellos funcionarios y particulares que realicen operaciones públicas en contravención a la ley, entre otras iniciativas.
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